LA COLUMNA DE DON ARTURO – AGOSTO

EL ESTADO Y LOS IMPUESTOS

A  propósito del antitécnico y agobiante incremento del impuesto predial
En una economía de mercado, donde la propiedad privada es uno de los pilares de su funcionamiento, los impuestos a las rentas de diverso origen y a la propiedad misma, constituyen la principal fuente de financiación del Estado pero a  su vez, puede convertirse en una agresión de éste contra el ciudadano.
Las políticas tributarias de los gobiernos se justifican como fuente de financiación de los estados pero además como factor de corrección de desequilibrios que genera esa misma economía de mercado por los diferentes roles que cumplen los agentes económicos – capitalista, obrero, empleado, campesino con o sin tierra, desempleado, etc.-.
Aparte de los gastos de funcionamiento, el estado depende de sus ingresos tributarios y del crédito de manera importante, para desarrollar sus  programas  de  inversión  y gasto público. De allí sale entonces el gasto en seguridad y justicia, salud, educación, inversión e infraestructura y el pago del servicio de la deuda – capital e intereses- y otros.
La tendencia de las finanzas públicas desde la aparición del neoliberalismo como “doctrina” económica, es la de adelgazar el tamaño del Estado – “Estado Mínimo” lo llaman- y descargar sobre el ciudadano la compra de servicios que realmente corresponden a derechos consagrados en nuestra Carta Magna, algunos de ellos con carácter de  fundamentales. De allí viene la política privatizadora de estos gobiernos obsecuentes frente a los dictados del imperio en desarrollo del denominado “Consenso de Washington” en los años 90s del siglo pasado, catálogo de acciones dictadas por el gobierno norteamericano a los países latinoamericanos que quisieran contar con su “favor” para “lograr el desarrollo, la libertad y la  democracia, valores supremos del mundo occidental”, en el que los EE.UU. se autoproclaman como guardianes supremos.
Entonces, cada vez  más, vemos mayor mercantilización de tales derechos y se nos va haciendo como natural la compra de la salud, de la educación, de la seguridad- en ocasiones prestada por ilegales-,  de algunos servicios públicos domiciliarios prestados ya, y cada vez más, por empresas privadas nacionales o extranjeras.
Como estamos en un régimen político plutocrático – gobierno de los ricos -,  los detentadores del aparato estatal se las arreglan para llenarse de privilegios y entonces las políticas tributarias reflejan sus intereses. Es así como en Colombia, en lugar de ser un factor de redistribución de los ingresos con leyes de impuestos progresivas, correctivas,  tales políticas se convierten en mecanismos de mayor concentración de  ellos y de la riqueza en general. Y se hace vía rentas exentas, descuentos tributarios, zonas francas y otros instrumentos que  en nuestro medio les ha dado en llamar “confianza inversionista” – gabelas dice el pueblo-.
Como complemento necesario y para tapar el hueco fiscal que deja tanto privilegio para los más pudientes,  los impuestos indirectos y otros tributos y contribuciones se ponen al orden del día en la legislación tributaria. Así, aunque no se declare renta, el ciudadano paga el IVA en una cantidad cada vez mayor de productos y servicios, paga valorización para financiar obras públicas, paga contribuciones en otros servicios del estado y, justo donde quería llegar, paga un impuesto predial cada vez mayor.
Este tema tiene tanto de largo como de ancho. Por lo mismo,  empiezo a tratarlo en esta entrega de NOTICARMEN, pero la idea es desarrollarlo en varias columnas dada su importancia y el impacto que viene generando en las comunidades, sobre todo  en los pequeños propietarios rurales. Impacto que en ocasiones llega a significar la expropiación o el desarraigo de su medio ancestral como lo veremos en el desarrollo del tema en próximas entregas.
 Arturo Montoya Ramírez
Economista

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