DESDE LA BARRERA – MAYO

JUEZ

TODA PERSONA ES INOCENTE HASTA QUE NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO
A propósito de una noticia que vi en diferentes noticieros estos días, algunos nacionales y otros regionales, sobre una captura de una persona, a la cual, sin ser aun juzgado, supuestamente se le imputaban varios delitos, quiero hacer esta reflexión basado en algunos artículos recogidos sobre el tema. El derecho internacional y los más elementales y primarios derechos humanos, establecen que “Toda persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario.
Sobre este presupuesto se edifica todo sistema judicial que se considere verdaderamente justo y humano. Los tribunales de justicia, los abogados defensores, incluso los servicios de fiscalía, no sólo deben respetar este principio indispensable, sino que sin su primacía, de nada servirían estas instancias. Todo quedaría en manos de los detectives, instructores policiales y órganos de represión.
Precisamente lo que diferencia, en la base de todo, a un estado de derecho de un estado policial, es el respeto universal, sin discriminaciones y sin exclusiones, de este principio: Cada persona tiene el derecho a que se presuma su inocencia y no su culpabilidad. Veamos, cuando en un país se ejerce y aplica irrestrictamente este principio o derecho humano, entonces los órganos policiales investigan y presentan pruebas para demostrar lo contrario; es decir, que la persona ha cometido un delito previsto y sancionado en las leyes positivas. Y mientras se está investigando o cuando se tienen ya las pruebas, esto no es suficiente aún para considerar a la persona como un criminal. No se le puede considerar y tratar como si fuera un forajido. Es necesario, indispensable, acudir a un tribunal imparcial que compara pruebas a favor y en contra del acusado, considerado todavía como un ciudadano inocente y tratado como tal. Cuando todo esto sucede, entonces se puede decir que estamos viviendo en un estado de derecho, en un país donde la ley impera y no la subjetividad de un funcionario o de un órgano de represión.
Por el contrario, cuando en un país se sospecha de todos y de todo. Cuando se presume siempre que todo el que camina por una calle es un posible delincuente y no un posible ciudadano honesto. Cuando se considera que todo el que transita por una carretera es un posible traficante, un auto de alquiler ilícito, un violador del orden o una persona con presunta «peligrosidad» social, económica o política y se trata a todos por igual. Hay dos posibilidades: una, que el país esté lleno de delincuentes, criminales, traficantes y corruptos y la excepción sean los ciudadanos honestos; dos, que estemos en presencia de un sistema de corte represivo, donde no impera la ley y no se presume que nuestros conciudadanos son amigos sino enemigos reales o potenciales.
En esos lugares se crea un clima de sospecha, de crispación, de desasosiego que obliga a todos, honestos y delincuentes, a actuar siempre «cuidándose», temerosos de una detención arbitraria, sometidos a la siempre presente probabilidad de un registro a cada paso, en cada carretera o esquina.
Ese ambiente donde prima una dinámica de “guardias y bandidos”, donde todo es sospechoso de ser robado, donde todo es sospechoso de ser corrupto, donde todo es sospechoso de ser desleal, donde todo hay que demostrarlo con «papeles», no es propio de una sociedad donde lo que se supone que prevalezca sean los ciudadanos pacíficos, honrados e inocentes.
La misma figura delictiva llamada «peligrosidad» puede dejar mucho a la subjetividad de quienes presuman cuándo se es peligroso y por qué. El mismo estado de peligrosidad está dando por sentado una sospecha de culpabilidad antes de cometer el delito. Se sostiene que es peligroso, es decir, culpable de un estado pre-delictivo… hasta que se demuestre lo contrario: es decir, que no es peligroso.
Cuando esta situación se va haciendo muy frecuente, cuando los registros se hacen cotidianos, cuando las calles se llenan de controles, los delincuentes de verdad, ni se mantienen por allí, ellos con frecuencia «operan» lejos de estos lugares y nunca están donde hay mucho «operativo»; los que llevan algún bulto, no importa que sea la leche de sus hijos o una computadora portátil, comienzan a tratar de coger otra acera u otra calle, no por nada, —dicen— sino para evitarme la pena de ser registrado delante de todos y además interrogado como si fuera un ladrón, a sacar «papeles» que no llevo arriba, a ser el blanco de miradas interrogantes de “quién será, por algo lo han detenido…”; otros que no tienen nada que temer, comienzan a preguntarse: “¿podré llevarle esta botellita de aceite a mi mamá en el cajón de la bicicleta… y si me paran y me piden «papeles», y si me la quitan… y si pierdo la tarde en la estación de policía, hasta que se demuestre que soy inocente?”… entra en cada ciudadano honesto un miedo, una especie de actuación escurridiza, orillera, medio escondida, no porque lleve nada, ni haya hecho algo malo, sino para evitar que lo paren, pasar la pena, el mal rato, una y otra vez, cada vez con más frecuencia y con menos sentido de la distinción entre el ciudadano honrado y el delincuente de verdad.

Se comienza entonces, poco a poco, sin que nos demos cuenta, a actuar con un «cuidado» que nos coloca a nosotros mismos en el papel del delincuente. Nos sorprendemos nosotros mismos en una actitud ya rayando en el clandestinaje, “no por nada”, decimos, “sino por no tener que pasar por eso”- en un intento inútil de quedar bien con nosotros mismos y con los demás que nos observan desconcertados, en esa actitud casi ridícula si no fuera real, temerosa y opresiva.
Las autoridades tienen mucha razón en prevenir y castigar la corrupción, el delito y la delincuencia, ese es su deber. Todo país necesita de esos órganos que se ocupan de garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. Nada de lo que decimos aquí niega ese derecho-deber y, aún más, ese servicio necesario y oportuno. Es más, todos somos beneficiarios de un trabajo de contención de la delincuencia y de la corrupción. Ese es un tema que hemos abordado en muchas otras ocasiones y que debe remediarse con mucha responsabilidad, sistematicidad y legalidad.
De lo que estamos hablando aquí es de los métodos, de los medios, del estilo, de los excesos, de los que no están formados para desempeñar esa delicada tarea. Todos sabemos que Colombia es, en general, un país de gente sencilla, trabajadora, honrada, pero también lucha por sobrevivir como familia, como vecino, como ciudadano, como amigos. Todos sabemos que cuando no existen las vías expeditas y legales para adquirir algo sustancial e indispensable para la supervivencia de la familia, esa es la primera causa y la fundamental razón para casi obligar a un ciudadano honesto que tiene que mantener a su familia a «resolver» por las vías ilegales cuando las oficiales no responden a sus necesidades básicas y las de su familia. Quiero distinguir bien que estoy hablando de ciudadanos honestos y trabajadores, no de vagos habituales y

bandoleros sin ética y sin necesidad. Todos sabemos dónde están, dónde operan y qué hacen estos otros que sí son delincuentes y quieren vivir del sudor ajeno. No es de ellos que tratamos en este artículo. Ellos merecen ser prevenidos, investigados y penados si cometen una falta y se comprueba en los tribunales competentes. Aunque, no obstante, siempre y en toda ocasión, incluso después que se les encuentre culpables, hay que darles a todos, independientemente de sus faltas, un trato humano y legal.
Aquí me refiero, lo aclaro una vez más, a los demás, a la mayoría, a los ciudadanos decentes, a los trabajadores y amas de casa, a los que viajan después de sudar la camiseta todo el día con un bultito en el cajón de la bicicleta y de regreso a su hogar, tienen que soportar ser parados, registrados, interrogados, en plena vía pública, o en una carretera, delante de todos los que pasan que ya no sabrán nunca si era culpable o inocente.

Si es para contener y ubicar los posibles focos de delincuencia y corrupción, entonces bien, vayamos directamente a ellos y no sometamos a toda la ciudadanía, por lo general y en su mayoría, personas honradas, pacíficas y trabajadoras a los métodos y al trato que son propios del trato con una minoría marginal y criminal. ¡Qué gusto da ver a un joven policía orientando a un transeúnte que perdió una dirección o ayudando a un anciano a cruzar una avenida! ¡Qué sensación de respeto y seguridad ciudadana se siente cuando en una noche, en una autopista, un agente detiene el auto donde viajan personas decentes y que sabe aprovechar la revisión rutinaria de los documentos de tránsito para saludar a los viajeros y darse cuenta, por el nivel de su inteligencia y de su experiencia profesional, que aquellos no son forajidos de la justicia y que sin más registro, ni más molestias, ni más pérdida de tiempo, los saluda, les desea buenas noches y los manda a continuar como hijos y hermanos de un mismo pueblo que somos todos!
Esta es la imagen que deseamos tener todos de nuestro Carmen de Viboral. Todos, carmelitanos y carmelitanas, en primer lugar porque somos parte de este hermoso municipio con sus bellezas, su historia y sus problemas. Todos, también los que vienen a visitarnos como familiares, amigos y turistas. Todos ellos, como también nosotros, y los encargados de mantener el orden, sabemos que nuestras actitudes hablan de nosotros, de El Carmen de Viboral, más que los anuncios y mil palabras.

JOAQUIN DARIO DUQUE ZULUAGA
C.C. Nro. 71.112.075 del Carmen de Viboral

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