EL MIRADOR DE ARTURO – SEPTIEMBRE

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                                                                        El Dinero en las Campañas Electorales
                                                                             ¿A quién representa un alcalde?
La modalidad de las campañas electorales en los tiempos actuales ha incrementado de manera considerable sus costos. Los medios y técnicas con se quiere llamar la atención del electorado alcanzan cifras desproporcionadas. Deslumbrantes y onerosos espectáculos, grotescas dádivas al elector que desnaturalizan la democracia, costosas vallas y profusa publicidad en los diferentes medios son algunos de los conocidos. Los montos de dinero para cubrir todo esta parafernalia quedan por fuera de las posibilidades económicas de los candidatos y da pie para el ingreso de dineros de fuentes privadas. La inquietud que surge es sobre las motivaciones para esa financiación de manos de particulares.
La normatividad contempla una financiación mixta de las campañas: el estado asume parte de sus costos y permite las contribuciones privadas, con condiciones. Todo consignado en la Ley 1475 de 2011 y las Resoluciones del Consejo Nacional Electoral. La inquietud que surge es la de si se cumplen esas condiciones y si sirve para los propósitos democráticos o por el contrario se han convertido en factor de distorsión de la democracia e instrumento de cooptación del estado por intereses particulares.
El hecho en sí no es condenable y hasta deseable es, entendido como estímulo al libre juego democrático y como ejercicio del mismo. El asunto se torna pernicioso cuando se contemplan las motivaciones de esta acción.
La historia de los eventos electorales y de las condiciones de su financiación nos muestra una realidad preocupante. En palabras del Registrador del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez T, “…a la infiltración de recursos provenientes de organizaciones del narcotráfico se suma la corrupción campante especialmente en la contratación pública, en donde se coloca (sic) de manifiesto el poder de las empresas que conforman el sector real de la economía sobre la actividad administrativa estatal en atención a las elevadas contribuciones por ellas realizadas”. (La financiación de la actividad política. Documento en Internet. 2011).
En lenguaje claro, las elevadas contribuciones de empresas o personas vinculas a negocios que contratan con el estado han generado corrupción en la administración pública. Y cómo funciona? Se preguntará el ciudadano. De dos maneras: una, la elección privilegiada del contratista, del proveedor del producto o del servicio demandado por el municipio en nuestro caso, y dos, el reconocimiento de precios más altos que los del mercado. De esta manera más recursos públicos se destinan a cada contrato y menos obras y servicios, en otras áreas, se podrán contratar. De esta manera el privado recupera “su inversión”, la hecha en “su candidato” al cargo público. La donación así concebida no es más que una “transacción”, con beneficios de acá y de allá.
Pero el tema no se agota allí; miremos en el mismo documento, en palabras del Registrador, otras aristas de este delicado tema:
“Se han identificado por lo menos cuatro riesgos principales vinculados al dinero en la política que exigen empeño para controlarlos:
Desigualdad en las reglas del juego – el riesgo de que las grandes sumas de dinero en la política otorguen una ventaja indebida frente a otros y limiten la competencia.
Acceso desigual a los cargos políticos – el riesgo de que ciertos sectores de la población carentes de dinero se vean impedidos de postularse a cargos políticos u obtengan una representación significativa.
Políticos “influenciables” – el riesgo de que los donantes controlen a los políticos que financian.
Corrupción política – el riesgo de que el dinero ilícito corrompa el sistema y socave el Estado de Derecho”.
Desde luego que las normas contemplan sanciones para los transgresores y en el plano formal pudiera decirse que en nuestra legislación el control financiero de las campañas es adecuado. Pero en este tema sucede como en casi todo en Colombia: existen leyes y normas para todo pero la probabilidad de aplicar las sanciones es mínima. Esto se debe especialmente a que el órgano encargado del control – el Consejo Nacional Electoral – no cuenta con la capacidad ni ha demostrado una voluntad política real para cumplir esta función. En la práctica no funcionan los controles; primero, porque los candidatos presentan sus estados contables, no siempre con información fidedigna, a los partidos y movimientos políticos y luego estos presentan el consolidado ante el Consejo Nacional Electoral para su revisión una vez pasadas las elecciones; y segundo, el grueso del electorado no se preocupa por saber quiénes financian las campañas.
Qué pasa entonces cuando el elector descubre que el candidato por quien votó es el mismo que fue catapultado por el dinero de los financiadores de su campaña? Son los mismos intereses los suyos y los de los donantes? A quién representará realmente el elegido?
Seguramente, si les preguntamos a todos los candidatos a la alcaldía de El Carmen sobre su independencia respecto a los donantes de su campaña responderán con un sí rotundo por tal independencia. Partiendo de este supuesto, para tranquilidad de todo el electorado y de la sociedad, lo que sigue en coherencia sería la firma de un pacto entre todos los candidatos en el que se contemple la trasparencia absoluta y la publicidad de los movimientos financieros de las campañas llevando tal pacto hasta el ejercicio del cargo como alcalde. En el ejercicio del mandato el compromiso significaría darle la mayor publicidad al proceso de contratación y de compras, desde el momento de la convocatoria de los proponentes e informando sobre todas las condiciones de los contratos como precios, descuentos, calidades, plazos, etc. de tal manera que la sociedad quede informada al detalle, antes, durante y después de toda compra o contratación importante.
Como no se trata de prejuzgar sobre la moralidad ni las intenciones que alberga cada persona vinculada a la actual campaña electoral en nuestro municipio, bien como candidato, bien como donante, y partiendo del principio de la buena fe, nada más conveniente que los aportantes a todas las campañas hicieran parte de este pacto por la trasparencia, por la ética y la moralidad públicas. Ganaría El Carmen, ganaría la democracia, ganan los candidatos, ganaríamos todos y se cortaría el paso a la chismografía, a las especulaciones y a las prácticas soterradas en las campañas.
Por supuesto, nada de lo propuesto tendría eficacia si la sociedad no asume su papel en el control en los dos momentos, durante la campaña y en el ejercicio del cargo de quien resulte elegido como alcalde municipal. Para esto se deben conformar las veedurías ciudadanas con personas idóneas para llevarlas a cabo. Estoy seguro de que ningún candidato se opondrá a un compromiso de esta naturaleza. No tendría presentación.
Tienen la palabra los candidatos, sus equipos de campaña y sus generosos y bien intencionados financiadores.
Arturo Montoya Ramírez
Medellín, septiembre de 2015

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