EL MIRADOR DE ARTURO – JULIO

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AREA METROPOLITANA: CAMPO MINADO
No existiendo dudas sobre la necesidad de una acción concertada de planificación en muchos frentes de la vida de los municipios del Oriente Antioqueño quedan por definir aspectos tan importantes como la manera de hacerlo, los municipios participantes, materias sujetas a dicha planificación, entre otras. El entendimiento de su necesidad no nos puede llevar a la improvisación sobre la figura político-administrativa bajo la cual realizarla so pena de incurrir en alto riesgo de sufrir consecuencias de incalculable dimensión llevándonos a situaciones peores de las que queremos resolver.
La discusión Area Metropolitana vs. Provincia se ha venido ubicando en el centro de este debate y en esta columna se han venido presentando elementos diferenciadores entre una y otra figura bajo la premisa de evitar un lenguaje tecnocrático que dificulte su comprensión. Siguiendo por esta ruta quiero avanzar unos conceptos que pueden advertirnos sobre consecuencias de adoptar la decisión en uno u otro sentido.
Empecemos diciendo que la figura de Area Metropolitana (AM) tiene un desarrollo legislativo completo en lo formal, aunque con fundamento en una insatisfactoria Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). Por su lado, la Provincia Administrativa y de Planificación, como en rigor se llama, mencionada apenas en nuestra Constitución Política, no cuenta con ese complemento legal. Pero lo que pareciera ser una carencia y un punto desfavorable, en el fondo significa la oportunidad de configurar la Provincia a la medida de las condiciones específicas del Oriente Antioqueño (OA) con predominio geográfico de lo rural. Por el contrario, como quedó concebida el AM., su adaptación a las condiciones de nuestro territorio en conjunto, aparece forzada al ser pensada más para hechos metropolitanos propio de escenarios urbanos.
En el aspecto poblacional el AM no cumple con los requisitos de la norma que exige un mínimo de un millón de habitantes en el territorio a cubrir y se calcula que el OA cuenta en la actualidad con unos 700.000 habitantes, integrando las cuatro subregiones. Se ha dicho que la intención de sus promotores al incluir los 23 municipios apunta más al acercamiento a la cifra requerida de habitantes en lugar de la plausible idea de intentar un equilibrio entre lo rural y lo urbano en términos de inclusión y equidad.
Estas consideraciones, no obstante su importancia, aparecen menores frente a temas tan serios como la estructura y el funcionamiento del AM y la manera como puede ser utilizada en detrimento de la autonomía y los intereses municipales. Instrumentos como el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) o el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano de donde se deriva el Plan de Inversiones trasladan la capacidad decisoria en temas muy delicados al organismo de dirección, la Junta Metropolitana, donde tienen asiento los alcaldes de los municipios componentes del AM y dos representantes de los concejales, entre otros, pero con una influencia desmedida de su presidente, el Alcalde Metropolitano, que llega hasta el poder del veto en las decisiones más importantes.
En el Ordenamiento Territorial se define la estrategia y el sistema para la Gestión Integral del Agua (captación, almacenamiento, distribución y tratamiento, con poder del Alcalde de imponer, en la práctica, el prestador del servicio); el Sistema Metropolitano de Vías y Transporte Público Urbano (colectivo, mixto, masivo, individual tipo taxi y define rutas y precios); el Sistema de Equipamientos Metropolitanos, se establece el dimensionamiento y definición de la estrategia para la vivienda social y prioritaria en el ámbito metropolitano y los instrumentos para la gestión de suelo dirigida a este propósito; Ordenamiento del suelo rural y suburbano, además de otras materias.
Como se ve, no es de poca monta la temática que pasa a ser definida en un ente situado en un ámbito externo al municipio. Si lo complementamos con las grandes atribuciones con las que queda revestida la primera autoridad del Área Metropolitana nos daremos cuenta de los riesgos a los que estaríamos sometidos.
En efecto, la Junta Metropolitana es presidida por el alcalde del municipio núcleo, que en el caso del Oriente sería el de Rionegro por ser el de mayor categoría. El Presidente de la Junta Metropolitana tendrá, entre otras, las función de presidir la Junta Metropolitana y una que llama poderosamente la atención como la de adoptar mediante decreto metropolitano, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos, cuando luego de ser presentados en debida forma no hayan sido aprobados por la Junta Metropolitana (¿Democracia o autocracia?).
En El Carmen de Viboral, donde hemos sido tan cuidadosos en mantener en la esfera de lo público el manejo del agua y donde hemos dado tantas batallas por que esto sea una realidad en el futuro, vemos con preocupación que por la puerta de atrás, sin injerencia directa nuestra, se nos cuelen decisiones que vayan en contravía de ésta que ha sido una posición vertical de los carmelitanos. Porque no nos podemos engañar, por más que contemos con nuestra primera autoridad defendiendo como lo hizo en el ejercicio de la concejalía la posición popular contra los Planes Departamentales del Agua sería un voto que puede ahogarse en medio de un colectivo como la Junta Metropolitana. O lo que es peor y perfectamente verosímil, conocido el carácter politiquero o torcido con el que se toman decisiones en las altas esferas del poder y a contar con un pasado de alianzas con EPM en varios municipios orientales, quedamos a un paso de ver entregar la operación de este estratégico recurso a este u otro pulpo adicto a la concentración y a la acumulación desmedidas. Porque el alcalde metropolitano puede además crear asociaciones, alianzas u organismos para operar los servicios públicos domiciliarios. Qué tal la perla?
Sin embargo, conocida la necesidad de agua potable en la subregión del altiplano del OA y contando nosotros con el recurso para satisfacer esa urgencia, no podemos actuar con mezquindad; por el contrario, prevalidos de realismo y sentido solidario tenemos la oportunidad de asociarnos con los municipios vecinos y estructurar un plan de aprovechamiento de nuestras aguas para el consumo humano antes de que sea concedido en mayores cantidades a las ya otorgadas para la producción de energía. Tenemos la oportunidad de ser protagonistas de un gran proyecto en este campo antes de que decidan por nosotros. Puede ser el comienzo, pero un paso en grande, para generar la confianza que requiere la asociatividad que nos lleve a la planificación a escala regional, pasando a otras áreas como un integrador plan vial y de transporte, uno de soberanía alimentaria, de seguridad, educación, cultura, turismo, empleo, investigación, salud. Así, sin embarcarnos en un molde rígido como el Área Metropolitana podemos ir avanzando en el ejercicio integrador sin jerarquizaciones odiosas que sumen un nuevo centralismo, tan oprobioso como los que hemos venido sufriendo con Medellín y Bogotá.
Requerimos de una estructura más horizontal, más igualitaria y democrática en la toma de decisiones, más intencionada a lograr la equidad, que mire a los territorios no como oportunidades de negocios de grupos privados o privatizadores, que cabalgan sobre presupuestos e inversiones públicas que los catapultan hacia proyectos de acumulación, sino una con capacidad de acercarnos como colectivo hacia el desarrollo humano en todas las dimensiones de la vida, en dirección al buen vivir.
Esa figura, tal como fue pensada y concebida no es la del Área Metropolitana que ya encierra el germen de su fracaso como movimiento integrador. La nueva figura la podemos construir entre todos a nuestra medida: es la PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO.
Arturo Montoya Ramírez
Economista
Petershausen, Alemania.
Agosto de 2016

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