LA COLUMNA DE DON ARTURO

arturo montoya2

¿Inició  Uribe este proceso de paz?
“Será que lo que le molesta a Uribe es que Santos haya llevado a cabo lo que él no pudo?”
Este último interrogante corresponde a la columna de la connotada periodista María Jimena Duzán en la revista semana del 11 de octubre pasado donde, además, revela que faltando dos meses para las elecciones presidenciales, el 5 de Marzo de 2010, Uribe, luego de haberse mostrado renuente, autoriza a Pearl, su comisionado de paz,  a enviar una carta que es dirigida a Alfonso Cano y Pablo Catatumbo en donde les manifiesta su interés en mantener un encuentro secreto y directo en Brasil con el objetivo de explorar caminos que conduzcan a entablar conversaciones conducentes a un proceso de negociación  para poner fin al conflicto armado colombiano.
Aunque las FARC responden negativamente a esta propuesta, que se da como consecuencia de los gestos unilaterales de liberar algunos secuestrados en manos de los insurgentes, dejan las puertas abiertas para abrir esos espacios de deliberación con el gobierno venidero.
Deduce la periodista que esos acercamientos generaron la confianza necesaria para ambientar y apresurar los acercamientos con el gobierno Santos.
Desde su tribuna, el periodista del mismo medio, Daniel Coronel, ha venido revelando importantes documentos que demuestran los esfuerzos del gobierno Uribe por adelantar negociaciones con las FARC, por más que el expresidente, en su muy conocido estilo, entre a  descalificar a quien se atreve a desnudar alguna de sus soterradas aventuras, legales o no tanto, propias o de sus hijos, en lugar de referirse a los hechos en cuestión.
Como cabría esperar, quienes se oponen a este proceso de La Habana, ya empezaron a sacar la sombrilla protectora al ser puestos en evidencia ante la opinión pública por sus contradicciones e incoherencia. La supuesta  negociación del modelo económico, la supuesta impunidad ofrecida a los jefes guerrilleros y  la entrega del país al “castrochavismo”, son sus caballitos de batalla.
La revelación de contenidos de los acuerdos hasta ahora logrados en las conversaciones de La Habana  los dejó sin discurso y salieron a aceptar, pero esta vez en forma de reclamo, que allí no veían nada de raro, que eso está ya consignado en la constitución y las leyes vigentes. Insisten sí en el tema de la impunidad y por más que se ha dicho desde todos los frentes, incluido el del gobierno, que en la legislación internacional esa impunidad,  como las amnistías y los indultos del pasado, ya no es posible, la siguen cacareando, en atención a la estrategia de que una mentira repetida mil veces termina siendo aceptada como verdad por un público desprevenido y olvidadizo como el colombiano.
La justicia transicional con figuras como la alternatividad penal, las penas en suspensión y otras que puedan adoptarse, serán las figuras penales que permitan cerrar, de una buena vez, el ciclo de la violencia política en Colombia. Figuras jurídicas que tendrán que hacerse extensivas a todos los actores del conflicto armado, incluyendo a agentes del estado que hayan caído en violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los códigos internos.
La verdad secuestrada
Las lecciones dejadas por los innumerables conflictos armados a lo largo de toda nuestra vida republicana,  desde las luchas entre centralistas y federalistas, terratenientes, de un lado y librecambistas y artesanos, por el otro, en el siglo XIX, la guerra de los mil días, la violencia de los años 48 al 58 del siglo XX y las desmovilizaciones de grupos de carácter izquierdista en los años 80s y 90s del siglo pasado han tenido en común el ocultamiento de la verdad detrás de amnistías e indultos. Las élites pactaban entre ellas beneficios para los combatientes, el pueblo, carne de cañón de todas las guerras, y allí en el montón, hacían invisible sus propias responsabilidades. Nunca reconocieron su papel protagónico que llegaba hasta la provisión de armamento o la utilización de las armas oficiales al servicio de intereses de partido o de sector económico, o familiar.
Siempre se ha dicho que en las guerras la primera sacrificada es la verdad y en Colombia sí que conocemos de este aserto.  Por eso mismo es que sabemos que para que este proceso de paz arribe a  buen puerto debe tener como fundamento la verdad histórica respecto a las raíces profundas del conflicto y, claro, la historia la hacen los hombres, éstos deberán sincerarse de cara a las víctimas en primer lugar, y luego, ante el pueblo colombiano, por más encumbrado y por encima de sus responsabilidades se crea cada quien.
Cualquier proceso, sin estos mínimos de verdad, estará condenando al pueblo colombiano a otro ciclo de violencias repetidas y cientos de miles de muertos a cargo de aquellos que, en un terror por la verdad debido a los privilegios que puedan sacrificar, y las consecuencias jurídicas que su conocimiento acarrearía, hoy se dedican a ponerle palos en la rueda al proceso de paz anhelado por la mayoría del pueblo colombiano.
Mientras tanto, el Frente Amplio por la Paz y la Democracia de Antioquia avanza en su tarea de agitar todos los temas relacionados con los diálogos de La Habana. Tuvo lugar en Medellín, el sábado 11 de octubre el segundo foro, esta vez sobre Memoria Histórica y Víctimas, con la participación de la Arquitecta Lucía González D. directora del Museo Casa de la Memoria, dependencia de la alcaldía de Medellín, y el doctor Alirio Uribe M, Representante a la Cámara, defensor de derechos humanos.
Albergo la esperanza de reeditar éste y los demás foros en nuestro municipio y desde ya convoco a los interesados a concertar acciones en esta dirección.
A oídos del Señor Alcalde: explicación necesaria y conveniente
Llegó a mis manos un estudio del Departamento Nacional de Planeación llamado “Evaluación del Desempeño Integral de los Municipios y Distritos, para la vigencia 2013”, justificado, según su texto, con el argumento de que “…en el actual proceso de descentralización se hace necesario e imperante realizar un seguimiento y evaluación de la inversión y del gasto público en particular, en especial lo referente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, los beneficios en eficiencia en la producción de los bienes y servicios públicos, el cumplimiento de la normatividad de competencias y recursos, la gestión administrativa y el desempeño fiscal, es decir, como se manejan los recursos y su impacto en cuanto a la inversión.”
A juzgar por las cifras y el escalafón resultante, nuestro municipio queda muy mal clasificado en el concierto nacional y aún en el regional.  Debo recalcar sí, que el año evaluado es el 2013 con respecto al 2012 y el cumplimiento de  las metas del Plan de Desarrollo y suele suceder que, por los procesos de contratación, flujos de caja u otros factores, algunas administraciones demoran en mostrar resultados,  mismos que vienen a evidenciarse en años posteriores.
Por falta de espacio no me detengo en los pormenores del estudio, lo que pudiera concretar en próximas entregas. Es de suponer que la administración municipal tenga sus propios análisis y, desde luego y con todo derecho, las explicaciones del caso.  Es también su deber frente la ciudadanía.
Cabría esperar que, cuando en lugar de reconocimientos y premios, lo que surja sean  cuestionamientos  sobre la  gestión pública, aparezcan las explicaciones del caso, bien sea para defender su desempeño si hay lugar a ello,  o para aceptar las críticas y enderezar el rumbo.
Arturo Montoya Ramírez
Economista
Medellín, octubre de 2014

Artículos recomendados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*